Alberto Ferrucci

Hoy las grandes multinacionales y los grandes de las finanzas detentan un poder que supera las fronteras. Con balances superiores a los de muchos Estados, logran influir en gobiernos, escribir las reglas a su propia convenciencia y, sobre todo, esquivar un principio fundamental de la democracia: pagar su parte de impuestos.

Mientras los ciudadanos comunes y las pequeñas empresas pagan impuestos todos los años y el trabajador se maneja con sueldos fijos y servicio públicos cada vez más frágiles, los grandes grupos internacionales siguen generando ingresos millonarios en los países donde operan, pero transfiriéndolos a jurisdicciones en que el fisco es casi inexistente. De ese modo, sustraen a los Estados miles de millones de euros que podrían financiar hospitales, escuelas, transporte o asistencia social.

Es una manera sofisticada de sustracción colectiva, pero que tiene rostros muy concretos: el del que vive en condiciones precarias aún trabajando, el de las familias que no encuentran pediatra, el de los estudiantes en colegios sin calefacción, el de los ancianos que esperan durante meses una visita.

Las cifras son claras, según el OCSE, entre 100 y 240 billones de dólares se esfuman todos los años debido a estrategias de desplazamiento de ganancias por parte de las multinacionales. El Tax Justice Network tiene una estimación todavía más alta, por encima de los 1000 billones en ganancias se trasladan artificialmente a paraísos fiscales, o sea a lugares en que los impuestos son mínimos o inexistentes.

En su página web, Tax Justice Network presenta ejemplos concretos muy convincentes: se puede ver cómo los colosos mundiales de la tecnología, de la moda o de la industria farmacéutica consiguen transferir legalmente sus beneficios de un país a otro, frecuentemente a través de estructuras societarias complejas, pagando al final tipos impositivos efectivos del 2 o 3 por ciento, incluso sobre facturaciones millonarias. Es una realidad documentada y difícilmente discutible, que revela el alcance sistemático del problema.

No es solo una cuestión global: afecta de cerca a Europa, donde las mismas multinacionales logran con frecuencia pagar menos del 10% de impuestos, frente a un tipo impositivo de otras empresas que supera el 25%.

Y hay todavía un elemento más intolerable. Las multinacionales usan diariamente, como cualquiera, los servicios públicos de los países en que operan: utilizan infraestructuras pagadas con los impuestos de todos, cuentan con los sistemas judiciales que protegen sus contratos, se benefician de la seguridad que garantizan las fuerzas del orden, dependen de trabajadores formados en escuelas públicas. Pero cuando se trata de devolver algo a la comunidad, se llevan los beneficios a otra parte.

Un control fiscal mundial sería la respuesta más justa al problema. Desde hace varios años la ONU propone la creación de un sistema global de regulación contra la evasión de las multinacionales, con una autoridad fiscal internacional con capacidad para trazar los flujos de ganancias y para armonizar los impuestos entre los Estados. Es una propuesta ambiciosa, pero justa. Sin embargo, las relaciones de fuerza globales – en donde las grandes economías y los lobbies financieros dictan leyes – hacen que este escenario se vea todavía lejano.

Ante una situación así, se necesita un verdadero cambio, un cambio concreto. La India, por ejemplo, pero también Túnez y Mongolia, adoptaron una medida simple y eficaz: un impuesto de la fuente, llamado withholding tax, que es retenido automáticamente cuando una empresa india paga a una sociedad extranjera por servicios, licencias u otros bienes inmateriales. Una parte de lo que se debe a la empresa extranjera permanece entonces en el Estado en el que se generó ese beneficio, impidiendo que se vaya todo al exterior sin ninguna remuneración por los servicios públicos que lo hicieron posible. Es una medida de sentido común, que garantiza, al menos, una contribución mínima al que ofrece mercado, consumidores y servicios.

Y es una vía que Europa debería seguir. Una withholding tax europea sería retener una proporción de los pagos que se hacen no solo hacia los paraísos fiscales por fuera de la Unión Europea, sino también hacia los Estados miembros, ya que, de hecho, algunos de ellos actúan como facilitadores de la evasión. Países como Holanda, Irlanda, Luxemburgo o Chipre son usados desde hace años como “conductos” para hacer transitar reservas destinadas a desaparecer en las cuentas offshore.

Este impuesto podría estar acompañado de acuerdos de compensación fiscal mediante un mecanismo europeo transparente, siguiendo reglas comunes y compartidas.

De acuerdo a estudios recientes, una medida semejante permitiría recuperar a cada uno de los principales países de Europa entre 10 y 15 mil millones de euros, aplicando solo una retención del 10% sobre dividendos, intereses y regalías.

En el caso de Italia, las estimaciones hablan de 14 mil o de hasta 32 mil millones al año de ingresos potenciales perdidos, recursos que harían la diferencia al momento de financiar el bienestar social, reducir la pobreza y mejorar los servicios a todos.

Es una cuestión de justicia. No solo fiscal, sino social. Si queremos una sociedad más igualitaria, más estable, donde el trabajo sea digno y los servicios públicos estén garantizados, no podemos seguir permitiendo que las grandes ganancias se vayan sin dejar ningún rastro.

Los impuestos no son un castigo: son el precio justo por participar en la vida colectiva. Y el que gana mucho, gracias a un sistema que funciona, debe contribuir más, no menos.

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