Una elección para la vida civil.
por Vittorio Pelligra
publicado en www.cittanuova.it el 25/09/2009
Las enmiendas al decreto sobre el escudo fiscal han ampliado la cobertura a los capitales fruto de ganancias ilícitas. Pero permitir que se compre el derecho a violar la ley significa poner en discusión el pacto social.
En el editorial anterior expliqué cómo el escudo fiscal es, a todos los efectos, una condonación, con sus correspondientes ineficiencias: cuanto más se usa, menos eficaz es, como ratifica el hecho de que siempre se obtiene menos de lo esperado.
Pero no olvidemos además los costes ocultos de estas medidas, que no están contemplados en los cálculos presentados por el gobierno: enviar a los ciudadanos la señal de que quien evade impuestos es el más listo, se obstaculiza su disposición a pagarlos. El riesgo de perder en una futura evasión más de lo ingresado gracias al escudo, es real.
Con todo, el aspecto más preocupante es que la nueva versión del decreto ley beneficia no sólo a quienes han evadido impuestos por ganancias lícitas, sino también a los capitales fruto de operaciones que no son lícitas, como las facturas falsas o los fondos opacos del exterior. Es una invitación explícita a cometer delitos fiscales, que por otra parte ya estaban despenalizados. ¿Cuánto vale ese dinero, comparado con la evasión que se está incentivando, tanto desde el punto de vista moral como económico?
Es noticia de hoy que cuatro presuntos grandes evasores han terminado bajo la lupa de la Guardia de Finanzas, por un total de casi 500 millones de euros, la sexta parte de los 3.000 millones que se esperan recoger con el escudo, sin costes ocultos y con el valor añadido de que el Estado lanza una señal moral fuerte. Estamos llamados a tomar una elección radical entre dos modelos distintos de participación civil: justificar a los evasores con tal de recuperar el 5% del capital o combatir la evasión
Las leyes no se respetan sólo por el miedo a las sanciones sino en primer lugar por su valor. Conceder el derecho a violarlas significa poner en discusión el mismo pacto social en el que se basa la vida civil.