Se está programando la aplicación de la Carbon Tax a la venta de combustibles de origen mineral tanto para la industria como para los particulares. No se trata de una subida de impuestos sino de una política fiscal con una orientación distinta.
Alberto Ferrucci
publicado en Città Nuova el 19/07/2021
La Carbon Tax es uno de los puntos determinantes del gran plan Fit For 55 presentado por la Comisión Europea para luchar contra el cambio climático. Para evitar malos entendidos, los gobiernos deberán aclarar que no se trata de una subida de impuestos sino de una política fiscal distinta, que no debería recaer sobre las clases más débiles.
Mientras el norte de Europa era devastado por desastrosas inundaciones, claramente debidas al cambio climático, la Comisión Europea ha decidido dar un salto de calidad en la lucha contra el mismo, involucrando a los ciudadanos europeos además de al sector industrial.
Efectivamente, se está programando la aplicación de la Carbon Tax, un impuesto sobre las emisiones de anhídrido carbónico, CO2, que gravará la venta de combustibles de origen mineral tanto para la industria como para los particulares. Este impuesto producirá un aumento de los costes de producción europeos y para evitar que estos productos sean menos competitivos que los de importación, se prevé aplicar la Carbon Tax también a los bienes producidos en países que no apliquen este impuesto.
El simple anuncio de estas medidas ha desconcertado y preocupado a los consumidores y a las industrias europeas. A estas últimas en el pasado se les permitía la emisión sin coste de una cantidad anual de gases de efecto invernadero correspondiente a un buen funcionamiento de sus instalaciones: en caso de emisiones más altas, estaban obligadas a comprar derechos de emisión no utilizados por las empresas más eficientes o con menor actividad en el año. El precio de compra estaba regulado por el equilibrio entre demanda y oferta. En los años de depresión industrial bajó a 25 euros, y últimamente se ha estabilizado en los 55 euros por tonelada de CO2: este valor podría ser tomado como punto de referencia para el futuro impuesto, ya sea para la industria, lo que supondrá la reducción de los permisos gratuitos de emisión, como para el impuesto sobre el carbón, la gasolina, el gasoil, el gas líquido y el gas natural, en proporción a la emisión de CO2 provocada por la combustión de cada uno de ellos.
Todos recordamos la media revolución de los chalecos amarillos cuando, en Francia, el presidente Emmanuel Macron decidió – aunque después se vio obligado a renunciar – aplicar la Carbon Tax al gasoil, sin haber previsto indemnización alguna para cuantos se veían penalizados de forma inaceptable en sus actividades.

Nuestros gobiernos deberán evitar errores semejantes de comunicación, aclarando de inmediato que no se trata de una subida de impuestos sino de una política fiscal con una orientación distinta, con una reducción de los impuestos para los sectores a desarrollar y un aumento destinado a desincentivar los comportamientos responsables del cambio climático: por ejemplo, los ingresos de la carbon tax deberán utilizarse para apoyar el trabajo reduciendo los impuestos que actualmente lo gravan, aumentando de este modo los ingresos netos de los trabajadores y reduciendo el coste del trabajo para las empresas. Hoy en Italia el sueldo neto que cobran los trabajadores por cuenta ajena es menos de la mitad de lo que cuestan a la empresa.
A corto plazo, el aumento de ingresos de los trabajadores servirá para cubrir los mayores costes de los transportes y de la calefacción doméstica. Pero se espera que estos costes a medio plazo se vean reducidos mediante la utilización de nuevos medios de transporte y el aislamiento de las viviendas, que ya es posible con el Superbonus del 110 % para el ahorro energético de los edificios.
Dado que las situaciones de los ciudadanos son muy variadas, los gobiernos deberán prestar atención a que no haya franjas de la población que se vean demasiado penalizadas, sin olvidar que entramos en un periodo electoralmente muy delicado en Francia, Alemania e Italia. Esto hará que probablemente se posponga la aplicación de esta nueva política fiscal, o bien que se aplique por grados. En todo caso, el anuncio de un impuesto futuro es muy útil para convencer a los ciudadanos europeos de que deben realizar acciones útiles de cara al ahorro energético y optar por las energías renovables.