Las medidas financieras plantean dudas sobre la credibilidad de nuestro Estado y sobre los sacrificios que recaen sobre otros para evitar la impopularidad

Bien común, bien de todos

por Alberto Ferrucci

publicado en cittanuova.it el 11/07/2011     

Ya sabemos que el gobierno italiano, al igual que los demás gobiernos europeos, se ha comprometido a evitar el déficit en las cuentas públicas para el 2014, lo que significa recuperar desde ahora hasta entonces al menos 47.000 millones de euros, entre recortes de gastos y aumentos de ingresos.
 
El aplazamiento de la auténtica medida. En realidad, harían falta al menos otros 20.000 millones más para relanzar la economía, reduciendo la carga fiscal del trabajo, incentivando el empleo juvenil y financiando la innovación, la investigación y la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas italianas.

Pero de estos 20.000 millones más ni siquiera se habla y de los otros 47.000 millones, se prevé recuperar 1.500 este año y 6.000 el año que viene, dejando 40.000 sobre los hombres del gobierno que surja de las futuras elecciones. Además, en el seno de la mayoría se ataca al ministro garante de las medidas. Así pues, no debemos asombrarnos si los mercados internacionales no consideran creíble la maniobra y se desencadena la especulación, con pérdidas en bolsa y un aumento del coste de las futuras emisiones de títulos del estado italiano, lo que dificultará aún más que las cuentas cuadren.

Puede que las elecciones no estén lejos y quienes razonan poniendo en primer lugar su interés personal, creyendo que todos son como ellos, creen que si imponen ahora un sacrificio mayor perderán votos. Por eso se aplazan los recortes y se concentran en la financiación de las administraciones locales. S; si después éstas no consiguen cuadrar los balances, ya se ocuparán sus administradores, tal vez de otros partidos, de asumir la impopularidad de nuevas exacciones.
 
Estipular un seguro con el Estado.
En todo esto, parece que no se ha tomado en consideración el concepto de bien común, tal vez creyendo que en el bien común no esté incluido el nuestro. Sin embargo, nunca como ahora ha sido tan cierto que estamos todos en el mismo barco. Si nuestro país llega a ser insolvente, perderemos todos, más aún, perderán más quienes más hayan acumulado, honesta o deshonestamente, que son aquellos que en estos días ciertamente se muestran más preocupados.
 
Cuando la posibilidad del riesgo país se acerca, como experimentamos hace tan solo dos años, cuando, al igual que sucedió en Argentina años atrás, surgieron dudas de que los bancos fueran capaces de devolver nuestros ahorros, los ahorradores, ante el peligro de perderlo todo, estarían dispuestos a concertar un seguro con el estado, invirtiendo en él una parte de sus bienes, no de las ganancias del año; es decir a permitir un impuesto sobre el patrimonio, por ejemplo del 1% o 2% del valor de sus bienes. Naturalmente un seguro se estipula con entes creíbles, que aseguran la buena administración de las primas obtenidas.
 
La credibilidad de nuestra política.
Nuestro gobierno y nuestra política ¿son creíbles? Sería necesario que los partidos del gobierno y los de la oposición demostraran que quieren respetar de verdad la promesa de luchar contra la evasión fiscal, de impedir la elección de personas indignas, de devolver a los ciudadanos el derecho a elegir a sus representantes en el parlamento y de reducir el enorme costo de la política. De momento, en la votación sobre la abolición de las provincias, evitada gracias a la abstención del Partido Democrático, por desgracia todavía no existe esta garantía.

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