Hace algún tiempo que se viene discutiendo sobre el artículo 41 de la Constitución italiana, que dice: «La iniciativa económica privada es libre».

¿Está bien como está el artículo 41?

por Luigino Bruni

publicado en Città Nuova n. 6/2011 del 25/03/2011

Hace algún tiempo que se viene discutiendo sobre el artículo 41 de la Constitución italiana, que dice: «La iniciativa económica privada es libre. No puede ejercerse en contra de la utilidad social o de forma que produzca daño a la seguridad, la libertad y la dignidad humanas. La ley establece los programas y controles oportunos para que la actividad económica pública y privada pueda ser dirigida y coordinada hacia fines sociales».Desde distintos sectores se afirma que la tercera parte (programas y controles) es contradictoria con la primera (libertad de empresa).

Es evidente que este artículo incorpora una tensión de valores, que es la eterna discusión entre el elogio del alma social y virtuosa de la economía y el temor por su alma más especulativa y antisocial. Dos dimensiones de la vida económica por las que atraviesan todos los partidos y la sociedad civil. Sin libre iniciativa económica, creatividad e innovación, no hay bien común y esto nos lo recuerda también la doctrina social de la Iglesia desde hace tiempo. Pero, a la vez, la última crisis, de la que todavía no hemos salido, nos demuestra que sin los adecuados “programas y controles” sociales e institucionales la iniciativa económica, esencial para una buena sociedad, se encamina hacia la especulación que produce “mal común”, sobre todo cuando nos encontramos ante los “bienes comunes”.  En otras palabras, la “mano invisible” del orden espontáneo de la economía debe estrechar la “mano visible” de las instituciones, si queremos que la economía sea amiga de la sociedad.

Lo discutible del artículo 41 es si sólo debe encargarse la ley de establecer estos programas y controles y cuáles son las instituciones de las que deben emanar esas leyes. Por una parte, las leyes nacionales y europeas cada vez son menos adecuadas para controlar y programar la iniciativa económica, porque están ancladas a una lógica territorial. Por otra parte, además de los controles legales e institucionales cada vez se hace más urgente un control, desde abajo, de la sociedad civil, de los ciudadanos, que pueden orientar la iniciativa económica hacia el bien común. Las opciones de consumo y de ahorro también son instrumentos para el ejercicio de la democracia, para una ciudadanía activa.

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